La lucha de clases – El País

El ritual, triste, se repite: este año, como cada año, llega el principio de las clases y no hay clases. En este caso las escuelas no abrieron o abrieron poco en ocho provincias donde se educan dos tercios de los chicos argentinos: como todos los años. Hace justo tres escribí una columna que decía, también, que “hoy empiezan las clases y no empiezan las clases: para la mayoría de los alumnos argentinos, esta mañana no hay escuela. Los maestros de medio país van a la huelga para pedir un sueldo que ninguno de nosotros, periodistas, por ejemplo, aceptaría ni para empezar. Son sueldos tan elocuentes, tan didácticos: dicen, antes que nada, que a la sociedad argentina la educación le importa tres carajos. O, más preciso: que a la sociedad argentina le importa tres carajos la educación de sus pobres.”
Para bien y para mal soy un producto de la escuela pública argentina, y me gusta que así sea. Mi hijo también fue a la escuela pública, pero en las décadas que pasaron desde que empecé primer grado –inferior– nuestro sistema educativo cambió brutalmente. Cuando yo era chico sólo iban a colegios privados los garcas que querían educarse a fuerza de hostias y los raros que preferían hablar otros idiomas y los vagos que la escuela pública no soportaba más. Pero mis amigos y yo –hijos de la clásica clase media porteña– sabíamos que el sistema de educación estatal era nuestro lugar: la escuela pública era la mejor, la primera opción. Ahora no: mis amigos dudan mucho antes de mandar a sus hijos a una escuela del Estado –y muchos no lo hacen.
“La educación pública ya no es para todos, ni para el que la elige; es para quien no tiene más remedio”, decía entonces. “Tres de cada cuatro alumnos estatales pertenecen al tercio más pobre de la población. Entre el 20 por ciento más pobre, nueve de cada diez van a la escuela pública; entre el 20 por ciento más rico, uno de cada siete. Y la tendencia se acelera: en 1997 el 24 por ciento de los chicos acomodados iba a escuelas públicas; en 2006, según un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas, sólo el 15 por ciento. Así que, entre 2003 y 2006, en apenas tres años kirchneristas, 800.000 argentinitos –casi todos los que pueden– pasaron del público al privado. En la escuela sarmientina quedan los que no pueden: los más pobres.”
Ahora, tres años después, la tendencia se mantiene,la privatización aumenta. Según la Encuesta Permanente de Hogares, del 26 por ciento de chicos que iban a escuelas privadas en 2003 se pasó, en 2011, al 37,5 por ciento: la privatización de la educación argentina es una de las tendencias más sostenidas del peronismo kirchnerista.
Por lo que sigue siendo cierto que “el fracaso de la educación pública es el efecto más espectacular del derrumbe del Estado argentino. Solía ser su estandarte: la forma más eficiente de producir esa relativa integración social que nos constituyó como país, en esas aulas donde, bajo los delantales blancos, las clases sociales se mezclaban por un rato y se formaban con las mismas consignas, las posibilidades brevemente emparejadas. La educación pública servía para equilibrar, para integrar, para ‘redistribuir’ -y para producir un país más educado, con mejores posibilidades en todos los terrenos”. Ahora parece como si no importara. Porque los poderosos argentinos ya no intentan cohesionar su sociedad con instrumentos tales como escuelas. Han decidido aceptar que un cuarto o un tercio de ella quedarán fuera de cualquier integración: marginados, desechados. La caída de la enseñanza pública es, más que nada, el efecto de un cambio de planes.
Y, para colmo, los que manejan el Estado no tienen ningún interés personal en la educación pública: hace mucho que mandan a sus chicos a colegios privados.”Es una característica de muchos estados actuales –sus dirigentes no se incluyen en ellos, no usan sus escuelas y hospitales, no le pagan impuestos, no respetan sus leyes– y es curiosa: ¿quién se imagina al gerente de la cocacola pidiéndose una pepsi?”, decía en 2009 y que, por eso, tenía “una propuesta populista para encarar la cuestión educativa”.
Era una ley, decía, “que habría que votar cuanto antes: ‘Queridos gobernantes, no todo pueden ser alegrías, ganancias extraordinarias, honores merecidos, gratitud popular. Los cargos deben tener alguna carga. Y ésta será modesta pero inflexible: se ordena, so pena de prisión y pedorreta pública, que todos los funcionarios del Estado -de un nivel equis para arriba- manden a sus hijos y nietos, sin excepción, a la escuela estatal más cercana”. Es posible que, entonces, la educación pública mejore seriamente. Así estamos, en la lucha de clases.”
Aquel texto circuló. Ahora está entre las fundamentaciones del proyecto de ley que presentará mañana en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires el diputado Alejandro Bodart (MST en Proyecto Sur): Obligatoriedad de todos los funcionarios políticos de educar a sus hijos en escuelas públicas y de atenderse en hospitales públicos.
Artículo 1°. Para ser Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a de Gobierno, Legislador/a o funcionario/a político/a con nivel de Director General o superior del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea o no electivo su cargo, constituyen requisitos:
La asistencia de sus hijos/as a cargo, en edad escolar obligatoria, a establecimientos educativos públicos de gestión estatal.
Su atención y la de su grupo familiar en el sistema público de salud.
Art. 2°. Todo/a funcionario/a incluido/a en el artículo 1º debe presentar anualmente una declaración jurada en la cual consten los siguientes datos:
Apellido y nombre de sus hijas/os a cargo menores de dieciocho (18) años de edad, si concurren a establecimiento educativo o no; en caso afirmativo, nombre del establecimiento.
Apellido y nombre de los integrantes del grupo familiar; en caso de recibir atención de salud, nombre del establecimiento.
Art. 3°. El plazo de presentación de la declaración jurada vence el día 30 de abril de cada año. Su no presentación en término o el ocultamiento o falseamiento de los datos es causa de las sanciones previstas en el artículo 248 del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.
Art. 4°. Lo establecido en los artículos precedentes es aplicable también a los/as magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial, a los/as funcionarios/as de los Órganos de Control, a los miembros de las Juntas Comunales y a los/as directores/as del Banco Ciudad, de los organismos descentralizados y entidades autárquicas y de las empresas y sociedades del Estado de la Ciudad, así como de los entes interestaduales y del Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.
Art. 5°. Comuníquese, etc.
Cláusula transitoria: Los/as funcionarios/as públicos/as comprendidos/as en los artículos 1º y 4º que se encuentren en ejercicio de su cargo a la fecha de sanción de la presente ley tienen un plazo máximo de doce (12) meses para efectivizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1º.
El proyecto se presentará ante el público hoy viernes 2 de marzo a las 18 horas en el salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña, con un debate entre el dirigente docente Manuel Gutiérrez (ADEMYS), el dirigente de la salud Jorge Yabkowski (CICOP), el diputado Bodart y yo.
En los días siguientes deberá ser discutido por los legisladores. Aunque los funcionarios porteños no deberían preocuparse. Es improbable que el macrismo o el kirchnerismo lo apoyen, así que el proyecto no tiene muchas posibilidades de convertirse ley. A menos que.

Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) es escritor y periodista, premios Planeta y Rey de España. Su libro más reciente es Los Living, premio Herralde de Novela 2011.

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